La criminalización de la protesta en Colombia

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La criminalización de la protesta en Colombia

William Aristizábal Triana
Comité de Solidaridad

Como era de esperarse la anunciada reforma tributaria de Carrasquilla fue el detonante que hizo que la población colombiana explotara y saliera a las calles a protestar, aunque la reforma fue retirada del Congreso de la República y Carrasquilla renunció, las marchas y bloqueos continúan y el paro se mantiene.

El Comité de Paro no cree en las propuestas hechas por el gobierno para solucionar la crisis, y menos cuando se rehúsa a reunirse con ellos, todos conocemos las manipulaciones y artimañas a las que acude el Centro democrático, partido político del presidente Duque, cuando alguien se atreve a cuestionarlo.
Sin embargo es importante analizar ¿Por qué este gobierno quiere criminalizar la protesta?

“La protesta social es una manifestación creativa y política del ciudadano en una sociedad libre y soberana, y refleja la esencia concreta del derecho fundamental de la libre expresión, en este sentido se podría entender en términos generales como una lucha colectiva del reconocimiento público de los derechos que se estiman vulnerables” (Murillo, 2020. Pág. 19).

Como nos damos cuenta la protesta social se presenta principalmente al evidenciar un sistema de gobierno ineficaz, incompetente para satisfacer las necesidades de los gobernados, frente a las diversas desigualdades presentes en la sociedad moderna.

En consecuencia la protesta social puede ser comprendida como una herramienta del colectivo ciudadano para hacer valer las demandas de aquellos que no cuentan con otros medios efectivos para hacerse oír, y exigir la garantía de los derechos de forma que se protejan los de naturaleza fundamental todo esto con base en los principios del alcance y significado de la constitución política de 1991, el modelo democrático y así mismo El Estado Social de Derecho (Murillo, 2020. Pág. 25).

La criminalización de la protesta social parte de algunas tendencias ideológicas y doctrinales del derecho penal que a su vez han influenciado directamente en las decisiones políticas de muchos gobiernos en el mundo entero, que tiene como característica primordial no permitir que se desarrolle de una forma libre y autónoma el derecho a expresar libremente los criterios, así como el acto de reunirse o asociarse para oponerse a determinadas políticas del Estado.

Los enemigos de la protesta social en Colombia se justifican para criminalizarla que todo los actos que se desprenden de esta afectan la tranquilidad, el bien común, el orden público; el bienestar general, la cohesión social, utilizan el dogma penal y la política criminal, para promover y materializar su tendencia a criminalizar la protesta social.

Desde el punto de vista constitucional la JEP señala que la protesta social pacífica es pues un derecho constitucional en Colombia y, como tal, no puede ser criminalizada, ni aún bajo Estado de excepción. Sin embargo, no todo tipo de protesta goza de protección constitucional. En varias oportunidades, la Corte Constitucional ha enfatizado que el uso de la violencia con fines políticos es inadmisible en el marco de un Estado democrático de derecho porque tal uso elude el camino abierto por los mecanismos institucionales previstos para permitir la participación popular y canalizar los reclamos de los ciudadanos. Según la Corte:
“(…) en el marco constitucional de un Estado donde existen instrumentos idóneos para expresar la inconformidad como son el estatuto de la oposición, la revocatoria del mandato, el principio de soberanía popular, el control de constitucionalidad, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares, entre otros, no hay motivo razonable para señalar que es legítima la confrontación armada y mucho menos actitudes violentas de resistencia a la autoridad” (Bertoni, 2010. Pág. 288).

La anterior declaración de la JEP es clara, la protesta pacífica no sólo es un derecho sino es un derecho que bajo ningún motivo puede ser criminalizado, la protesta pacífica está protegida constitucionalmente.

A raíz de los acontecimientos del 13 de noviembre de 2019… “La Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó al Gobierno reestructurar las directrices frente a manifestaciones sociales no violentas en el país. La Sala Civil evidenció que hay una “intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” de la fuerza pública frente a la protesta social. Además, ordenó la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la misma munición aparentemente no letal con la que mataron a Dylan Cruz el 23 de noviembre de 2019, en el marco del Paro Nacional.
La Corte Suprema también ordenó al Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (QED) , a que en el término de 48 horas presente disculpas por los excesos cometidos por el ESMAD y que deberá difundirse por radio, televisión y redes sociales. Además, que el Gobierno debe garantizar la verificación y el control ciudadano sobre detenciones y uso de la fuerza.

Para Víctor Barrera, politólogo e investigador del equipo Estado, Conflicto y Desarrollo del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, que ha estudiado el comportamiento de la protesta social en Colombia, el fallo de la Corte:
“(…) responde no sólo a los hechos recientes del Paro Nacional, sino a una conducta histórica de la Fuerza Pública ante la protesta social. Hablamos con él para entender algunos de los comportamientos recurrentes que están dejando como resultado una violencia escalada en un escenario normativo ambiguo ante las demandas sociales” (Saldarriaga, 2020).

La Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó al Gobierno reestructurar las directrices frente a manifestaciones sociales no violentas en el país. La Sala Civil evidenció que hay una “intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” de la fuerza pública frente a la protesta social. Además, ordenó la suspensión de las escopetas calibre 12 usadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD), la misma munición aparentemente no letal con la que mataron al joven estudiante el 23 de noviembre de 2019, en el marco del Paro Nacional.

Durante estas dos semanas de Paro, la arremetida violenta del gobierno contra la protesta pacífica no se hizo esperar, muertos, heridos y desaparecidos es el saldo que hasta el momento ha dejado las diferentes movilizaciones pacíficas, demostrando con esto que en Colombia se sigue criminalizando la protesta.

Referencias Bibliográficas
Murillo, R. J. (2020), La criminalización de la protesta en Colombia, Pág. 19, Universidad Santo Tomas, Facultad de derecho pregrado, Bogotá.
Bertoni, E. (2010) ¿Es legitima la criminalización de la protesta?, Universidad de Palermo – UP. Buenos Aires argentina.

Saldarriaga, H. M. (2020). La criminalización de la protesta social en Colombia es histórica. Revista Universidad de los Andes. Recuperado en: https://cerosetenta.uniandes.edu.co/la-criminalizacion-de-la-protesta-social-en-colombia-es-historica1/ 29-09-2020

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