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La minería una gran problemática ambiental

María Angélica Calderón

Especialista en pedagogía universitaria

Universidad la Gran Colombia

 La minería en Colombia es una de las actividades económicas más desarrolladas en la actualidad, teniendo en cuenta que abarca el 5,18% del Producto Interno Bruto total del país de acuerdo a cifras dadas por el DANE. Por tal motivo, es uno de los recursos que busca generar crecimiento económico sostenible, respondiendo a  una equidad social, regional e intergeneracional, pero que a su vez está siendo “afectada” por los proyectos de minería ilegal, que conllevan un alto costo no solo para el estado colombiano, sino para la ley, teniendo efectos en distintos ámbitos como lo es lo Ambiental, social, cultural y  económico, de acuerdo a lo anterior  se debe preguntar ¿Cuál es el papel del Estado en la regulación y control de la minería ilegal?

Colombia al ser un estado social de derecho, debe garantizar el cumplimiento de la normatividad jurídica plasmados en  la constitución política del 1991, y a su vez los criterios de Derecho Internacional y no desconocer en ningún momento los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, teniendo en cuenta  lo anterior, debe resaltarse que en Colombia el derecho al medio ambiente se encuentra protegido constitucionalmente y se ha consagrado como un derecho colectivo de manera determinante en el artículo 79 de la Constitución Política de 1991, así mismo es claro, que los recursos hallados en el subsuelo son propiedad del Estado y el mismo se encuentra en la facultad de explotarlos, creando medidas óptimas para salvaguardar los recursos naturales.

Ahora bien,  el problema de la ilegalidad minera en el país en la actualidad representa una preocupación sectorial teniendo en cuenta que esta actividad extrae de manera ilegal los recursos del subsuelo, por lo cual no genera regalías para la nación, ni se hace bajo la normatividad ambiental establecida lo que genera graves impactos ambientales en los recursos naturales, aparte de esto se evidencia varios sectores que están en busca de éste recurso, generando afectaciones en las diferentes regiones como lo es el aumento del desempleo, desplazamiento forzado y la proliferación de grupos ilegales en las áreas de influencia donde se da este producto de explotación.

Por ende, el estado colombiano ha expedido normas específicas que regulan esta actividad, teniendo en cuenta el auge extractivista que ha presentado el país en los últimos años .El marco regulatorio de la actividad está compuesto por una serie de leyes, resoluciones y documentos de política que dan los lineamientos para el ejercicio de esta actividad y de tener de esta manera una regulación de esta actividad, algunas de estas leyes son el Código de minas, plan nacional para el Desarrollo minero año 2029, Agencia nacional de minería, autoridad nacional de licencias ambientales, entre otras, acciones que se han quedado cortas para contraponer la problemática Ambiental que estas han generado.

Una de las causas a las que se atribuye el crecimiento desmedido de proyectos mineros ilegales son diversas; en primer lugar como lo indica la Procuraduría General de la Nación (2011) el Gobierno colombiano no se enfocó en regular la pequeña minería en el territorio, lo que hizo que se proliferaron los proyectos donde la extracción se realiza de manera artesanal, en segundo lugar no existe un conocimiento real por parte de las instituciones gubernamentales de la distribución de los recursos, lo que genera un control nulo de la explotación en ciertos lugares del país; así mismo el  Código de Minas que rige actualmente no establece una estratificación minera de acuerdo a la envergadura de los proyectos, lo que genera que tanto los grandes proyectos mineros, como los pequeños proyectos de extracción estén sometidos a las mismas normas, lo anterior es un factor que juega en contra del control de la minería ilegal.

 Finalmente se habla de los efectos negativos en las emisiones de gases efecto invernadero, lo que contribuye negativamente al cambio climático y desestima los esfuerzos del gobierno en esta materia, ya que no se pueden calcular la cantidad de emisiones derivadas de la explotación ilegal, y por lo tanto no pueden ser sometidas a planes de manejo institucional, es evidente la deficiente actuación de las autoridades ambientales a nivel municipal y departamental, que no han establecido planes de acción concretos para atacar la minería ilegal, y en muchas ocasiones pasan por el acto la realización de dicha actividad.

Referencias bibliográficas.

Darlington S. (2018). La minería ilegal ‘está peor que nunca’, según un estudio, América Latina. The New York times. New York.  Recuperado de: https://n9.cl/s7djw  22 de abril 2021.

Colombia dejó de recibir US$ 5.600 millones por minería ilegal de oro, según estudio. S.N. 2021. Semana. Bogotá. Recuperado de: https://n9.cl/8msb1 22 de Abril 2021.

La estrategia del Estado colombiano para combatir la minería ilegal. Bolaños K. 2018. Universidad católica de Colombia. Bogotá. Recuperado de: https://n9.cl/28y9d  22 de Abril 2021.

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